El neoliberalismo y las políticas públicas en seguridad social
Neoliberalism and public policies on social security
Eduardo Colmenares Cantú
Universidad Autónoma de Nuevo León, México
ecolmenares@hotmail.com
Resumen
La seguridad social dentro del sistema de pensiones en México es un tema de análisis que merece consideración, debido a que se han aprobado reformas en los sistemas pensionarios en América Latina y a nivel mundial con la implementación de sistemas privados de capitalización individual, con el supuesto de que las personas de la tercera edad logren obtener los recursos suficientes para su jubilación; además, el papel y funciones sociales del Estado como prestador de servicios públicos se ha visto reducido, gracias a la aplicación de lineamientos de política económica y social obligados por parte de organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial; por lo que la seguridad social deja de ser un derecho social, para convertirse en un sistema de seguridad privado.
El neoliberalismo se caracteriza por la apertura comercial y financiera de los países con el objetivo de lograr mayor competitividad de las empresas privadas, donde las ganancias se invierten en el sistema financiero obteniendo acumulación de capital volátil.
Palabras clave: seguridad social, pensiones, información, estado de bienestar.
Abstract
The Social Security in the pension system in Mexico is a subject of analysis that deserves consideration, because they have approved reforms in pension systems in Latin America and worldwide with the implementation of private funded systems, with the assumption that older people manage to get sufficient resources for their retirement. Furthermore, the role and social functions of the state as a provider of public services has been reduced, thanks to the implementation of guidelines for economic and social policy required by organizations like the International Monetary Fund and the World Bank; so the social security ceases to be a social right to become a private security system.
Key words: social security, pensions, information, welfare state.
Fecha Recepción: Junio 2015 Fecha Aceptación: Diciembre 2015
Introducción
Actualmente el sistema económico que impera en la mayoría de los países de América Latina es liberal, es decir, se caracteriza principalmente por buscar la separación entre el Estado y la economía, por lo que las propuestas neoliberales tienen como elección ampliar el papel del sector privado, a modo de compensar las fallas del Estado por su intervención en el mercado.
Cabe preguntar desde cuándo deja de existir el estado de bienestar, y si actualmente empieza a debilitarse la seguridad social dentro del sistema pensionario. Este estudio investiga si el Estado se ha despreocupado de los riesgos que puede provocar el desatender las contingencias sociales, tales como las enfermedades y el sistema pensionario, y dejarlas en manos de instituciones privadas.
En América Latina, el adoptar recomendaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial sobre la desregulación del mercado, a fin de crear más empleos, no corresponde solo a medidas de saneamiento fiscal coyuntural; por el contrario, obedecen a un proyecto que modifica el concepto y la relación Estado-economía así como la relación Estado-ciudadano de manera estructural y con un único objetivo, restaurar los equilibrios macroeconómicos.
Ahora bien, este paquete de recomendaciones no partió de una libre elección, sino que fue impuesta en la década de los años ochenta, debido a problemas de deuda externa en la mayoría de los países de América Latina. Lo que no excluye es puntualizar la responsabilidad de los gobiernos en la aceptación ciega y sin interrogantes de las fórmulas del FMI, sin hacer un análisis de manera actuarial sobre las posibles consecuencias en la seguridad social. Con esta situación queda en evidencia no solo la falta de autonomía de los Estados latinoamericanos, sino también una dependencia estructural arreglada a optar por alternativas que están muy lejos de constituir una respuesta a las necesidades propias de ajuste, modernización y bienestar social.
Ruiz (2008), señala que la seguridad social es un problema mundial en el que no se han encontrado las fórmulas para lograr el buen funcionamiento, y con mayor gravedad en lo referente a la salud institucional, las pensiones y las prestaciones sociales, por lo que los programas pensionarios en todos los países del mundo han quebrado en mayor o menor medida, debido a la apatía de los políticos y funcionarios encargados de la seguridad social; además de darle preferencia a otras partidas del gasto público. La creciente tendencia hacia la liberalización económica, la mayor disciplina macroeconómica y fiscal, así como la menor intervención del Estado, cuestionan tanto las bondades y la deseabilidad del estado de bienestar, como el alcance y amplitud de los sistemas de seguridad social.
La seguridad social, el estado de bienestar y las pensiones
La seguridad social hace referencia a la protección para el trabajador por los riesgos a los que se halla expuesto y tiene la finalidad de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el derecho a recibir una pensión (Ruiz, 2004).
Para la Organización Internacional del Trabajo, la seguridad social es vista como una protección contra las privaciones económicas y sociales mediante la aplicación de políticas públicas; de no ser así, ocasionarían una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte, así como también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos (OIT, 2009).
La seguridad social es una de las políticas más importantes de un país, ya que refleja la cantidad de recursos que los gobiernos destinan a ella. El significado de las pensiones se relaciona con el ideal igualitario y tiene como respaldo el estado de bienestar y las políticas sociales (Morales, 2005).
Como lo señala David Hume en su libro Tratado de la naturaleza humana: “Por la unión de las fuerzas, nuestro poder se aumenta; por la división del trabajo, nuestra habilidad crece, y por el auxilio mutuo, nos hallamos menos expuestos a la fortuna y a los accidentes. Por la fuerza, habilidad y seguridad adicionales llega a ser la sociedad ventajosa” (Hume, 2005, p. 409).
Rawls (2006), señala que los individuos tienen la libertad de conocer cuál es el concepto del buen vivir y poder juzgar los principios de justicia, de acuerdo a los cuales debe gobernar la estructura básica de la sociedad.
Ruiz (2009), menciona que la seguridad social es un derecho esencial e inalienable de los seres humanos que buscan la justicia social. Es cubrir contingencias sociales como las enfermedades y el hambre, de ahí que nacen los Seguros Sociales para atender estas eventualidades, las cuales se desarrollan en cualquier país.
Por otra parte, Mesa-Lago (2007), sostiene que un grupo de países fueron los precursores en afiliarse a un sistema social en América Latina a partir de 1980, con el objetivo de lograr mejores niveles de cobertura, dentro de un marco de población envejecida y con alta esperanza de vida pero con costos altos y desequilibrio financiero.
El primer grupo estuvo conformado por Uruguay, Argentina, Chile, Cuba, Brasil y Costa Rica; posteriormente se crea un grupo intermedio, Panamá, México, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela, como los que implantaron sus programas hacia los años cuarenta y cincuenta, influenciados por las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El tercer grupo es el de los recién llegados, integrado por Paraguay, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Haití, últimos en implementar sus programas en las décadas de los sesenta y setenta.
La implementación de la seguridad social en estos países de América Latina tuvo un principio muy frágil debido al alto empleo informal y a una gran desproporción en la distribución del ingreso, así como a la falta de un sistema impositivo y financiero eficaz. Aun así, América Latina se destacó en materia de seguridad social y es considerada pionera respecto a Estados Unidos y Japón. (Rodríguez, 2002).
Esto trajo consigo la desmonopolización del seguro social, pasando al sector privado en lo referente a financiamiento, pero con la regulación y supervisión del Estado. La frágil instrumentación de políticas públicas sociales y financieras en los años ochenta, trajo como consecuencia una reducción de la cobertura previsional en la seguridad social y en los salarios reales, a la vez que aumentó el empleo informal y el desempleo, por lo que solo fue cuestión de tiempo para que se privatizara el sistema de pensiones.
Uthoff (1991), señala el creciente endeudamiento externo de la mayoría de los países de América Latina, obligó a que estos destinaran grandes recursos al pago de la deuda, eliminando recursos a la seguridad social, por lo que estos sistemas de pensión no podían sostenerse ni a mediano ni a largo plazo.
En conclusión, las políticas económicas neoliberales no han logrado sostener el crecimiento económico en México ni en América Latina y solo se redujo el tamaño del estado de bienestar, debido a la mayor prioridad hacia las políticas económicas como la libre oferta y demanda del mercado y el alto costo en los sistemas contributivos, los cuales no son paralelos a los cambios demográficos, restando recursos hacia la vejez.
La Reforma a la seguridad social ha creado un efecto negativo en América Latina. El enfoque difundido sobre la ineficiente participación del Estado en la función de proveer bienestar, y la conclusión de que el sector privado puede ofertar mejores bienes y servicios, incluidos los de tipo social, ha traído como consecuencia una próxima crisis en el sistema pensionario latinoamericano.
La seguridad social en México
La seguridad en México surge con el movimiento revolucionario de 1910, a través del artículo 123 Constitucional, en el cual se establece que se deben cubrir los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte (Ruiz, 2004).
Al respecto, Ruiz señala lo siguiente:
El artículo 2° de la Ley del Seguro Social menciona que “la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizado por el Estado” (p. 4).
La seguridad social se otorga a través del Estado mediante los Seguros Sociales, con un marco legal descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que se vuelve un derecho humano social inalienable e irrenunciable, establecido mediante servicios básicos dentro de tres rubros: a) salud; b) pensiones y c) prestaciones sociales.
En México, las cuatro instituciones federales para otorgar los servicios sociales son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).
La seguridad social ha rebasado la previsión social laboral clásica, de tal forma que los mecanismos legales de la protección social en México son básicamente tres (Ruiz, 2009):
a) La asistencia social.- La cual brinda el Estado a la población abierta y costeada mediante los impuestos generales de los contribuyentes.
b) La previsión social.- De fondo laboral, destinada a proteger a los empleados subordinados mediante la financiación de los patrones.
c) La seguridad social.- Un sistema obligatorio costeado primordialmente de manera tripartita por el Estado, los patrones y los propios asegurados.
El cambio del modelo de la seguridad social en México se formuló en 1995, en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo, con el fin de contribuir al reordenamiento de los aspectos macroeconómicos y financieros del país, buscando en primera instancia el ahorro interno como fundamento de crecimiento, ello con la tesis de que si no se cambiaba el marco legal en la seguridad social se podría perder todo lo logrado hasta ese momento.
Al respecto, Ruiz señala que el cambio en el marco legal de la seguridad social en México, se dio con el fin de permitir la operación formal de las administradoras privadas, conocidas como Afore, así como sus compañías de seguros y lograr generar un ahorro interno nacional.
Los sistemas de pensiones con este tipo de diseño han sido muy discutidos, debido a la mala administración de los fondos de ahorro para la vejez y a los cambios demográficos en la población latinoamericana. Sumado a esto se da la posibilidad de que los gobiernos obtengan estos fondos para su política pública, pero sin que se retornen para resguardar los fondos de reserva para el pago de las pensiones en el largo plazo.
El Estado debe proteger a la vejez que no ha podido autofinanciar sus prestaciones jubilatorias debido a las reformas realizadas por el uso excesivo en los sistemas contributivos, su alto costo y el haber restado recursos al Estado para aliviar la pobreza en la vejez.
Las políticas públicas neoliberales
Los gobiernos contemporáneos establecen las políticas sociales con los ciudadanos mediante un contrato social sobre derechos y deberes de ambas partes, con el objetivo de lograr un beneficio común; dentro de este contrato, los ciudadanos pagan impuestos para el desarrollo del país, mientras que los gobiernos protegen sus derechos a través de políticas públicas que beneficien a todos, sin embargo, dichas políticas a veces favorecen más a los grupos de poder (Ortiz, 2007).
La falta de eficacia en las políticas públicas, la superficialidad con la que se realiza el contrato social y las grandes desigualdades, son factores que han aumentado la probabilidad de deslegitimización del Estado. Por otra parte, la política social ha sido el instrumento utilizado pragmáticamente por muchos gobiernos para conseguir el respaldo político de los ciudadanos (Ortiz, 2007).
En la mayoría de los países, las políticas públicas no han logrado una estabilidad financiera dentro del sistema de seguridad social, por ejemplo, la crisis financiera mundial de 2007-2009 no ha incrementado los fondos de pensiones debido a la falta de flexibilidad en dichas políticas públicas. El rendimiento negativo de las inversiones ha creado inseguridad en los sistemas de pensiones, esto debido a las incertidumbres de los mercados financieros por lo que los gobiernos han tratado de establecer garantías con el fin de minimizar los efectos negativos de la crisis.
La crisis del 2007 puso a ensayo los fondos de numerosos sistemas de seguridad social, por lo que se han diseñado fórmulas para mejorarlos. Existe inestabilidad en los sistemas de pensiones, los cuales dependen de los mercados financieros, por lo que se requiere de un equilibrio en el reparto de riesgos entre los ciudadanos y el Estado, y entre los regímenes de reparto y los que cuentan con plena financiación previa. Por otra parte, se debe lograr una estrategia de inversión apropiada, mediante políticas de regulación, supervisión e inversión adecuadas y eficientes (OIT, 2009).
Modificar el sistema financiero no cambiará el problema del gasto, a menos que sea paralelo con una reducción de los niveles de prestaciones en lo referente a las pensiones (Yermo, 2008).
Finalmente, Ruiz (2004), señala que los sistemas de pensiones pasan por una crisis financiera, tanto en Europa como en América Latina, por lo que dichos sistemas son una especie en franca extinción.
La crisis financiera global ha provocado una desaceleración o caída en el crecimiento económico, el comercio mundial, el precio de las materias primas, el acceso al crédito internacional, el empleo formal y el salario real, así como un aumento del desempleo, el trabajo informal y precario, la pobreza, y la volatilidad de los mercados de capitales con un desplome en el valor de sus instrumentos.
Estado de bienestar o estado neoliberal de bienestar social
Esping-Andersen (1993), señala que las necesidades humanas, como la fuerza de trabajo, no deben privatizarse para convertirse en mercancía, ni depender de una relación monetaria como bienestar social. La mercantilización de las personas consolida la acumulación del capital, pero debilita al propio trabajador.
Rawls (2006), pensador liberal-crítico, dentro de su obra La teoría de la justicia, sostiene que las desigualdades económicas y sociales deben de satisfacer dos condiciones: primero, estas son solo permitidas si protegen a la sociedad más vulnerable; segundo, toda vez que esto no sea así, se debe favorecer el interés de esta sociedad mediante los principios de justicia y así conseguir el mayor acceso posible a los bienes básicos.
Las personas buscan, a través del Estado, un mínimo de dependencia natural; un estado de bienestar que, como señala Ruiz Moreno, genere “una política pública del Estado respecto de una sociedad a la que debe servir” (Ruiz, 2009, p. 6).
Se sabe que la muerte es irremediable debido a que las personas van a envejecer, pero no por ello se deben descuidar las distintas enfermedades. Por otro lado, se debe asegurar un ingreso económico para satisfacer las necesidades básicas de la población, por lo que se requiere desarrollar un sistema de seguridad social (Ruiz, 2009).
Por su parte, Estruch (1996), señala que el estado del bienestar se origina en el deber público con el pleno empleo, con una política económica anticíclica, que logre la provisión universal de ciertos bienes, mediante políticas redistributivas que logren erradicar la desigualdad económica y social.
Bobbio (2005), historiador del pensamiento político, señaló que la política del estado de bienestar está en crisis, debido a las inestabilidades económicas que no logran la protección de las clases sociales más pobres, por lo que el Estado debe interponerse para erradicar la pobreza y lograr la redistribución de la riqueza. Por tanto, el principio de igualdad exige que el Estado elimine todos los obstáculos para que los ciudadanos más vulnerables obtengan los derechos políticos y sociales.
Las personas buscan, a través del Estado, un mínimo de dependencia natural, un estado de bienestar que, como señala Ruiz Moreno, genere “una política pública del Estado respecto de una sociedad a la que debe servir” (Ruiz, 2009, p. 6).
El estado de bienestar debe ser un derecho social que dé seguridad y asistencia a las personas pensionadas y que les proporcione una cobertura por los años laborados, por lo que las instituciones sociales deben lograr la eficiencia, equidad y el desarrollo, independientemente de que la corriente filosófica actual en casi todos los países: el liberalismo, parte de que la apertura tanto comercial como financiera sea el motor de la economía.
Mediante una política económica activa se pueden alcanzar varias metas; por una parte, favorece el desarrollo de las industrias y los mercados y, al mismo tiempo, contribuye a mejorar el empleo y las condiciones de vida de la población.
Dentro de sus principales exponentes del liberalismo, se encuentran: Adam Smith, Alexis Tocqueville, David Hume y John Locke (Hayek, 1978).
El Estado benefactor debe ser el principal responsable del bienestar de la sociedad ante diversos riesgos y debe plantearse como un medio favorable para establecer sistemas de seguridad social, que permitan a la gente enfrentar mejor las condiciones que se derivan de contingencias por enfermedades, accidentes y vejez, entre otras.
A partir de los años setenta, Laurell (1992), señala que las crisis económicas en América Latina y la caída de las inversiones, junto con la rentabilidad del capital originado por el Estado benefactor, propició el inicio del neoliberalismo como corriente filosófica, la cual parte del fundamento de que el mercado es el principal componente para la distribución de los recursos económicos y la satisfacción de las necesidades individuales.
Dentro de un Estado benefactor, Ruiz (2008) imprime que una sociedad debe tener los servicios médicos, asistenciales, educativos y de subvenciones económicas, como son las pensiones, pero, actualmente, los países se manejan por factores económicos, formando bloques entre ellos para lograr mayor producción de bienes y servicios, buscando mecanismos financieros y de justicia social, mediante el juego del mercado de la ley de la oferta y la demanda, lo que origina el desmantelamiento del Estado benefactor.
Girondella (2008), informa que el estado de bienestar debe brindar seguridad social, vivienda, educación y otros, como las pensiones, para lograr elevar la calidad de vida de las personas. Por su parte, Barr (1993), menciona que el estado de bienestar requiere cubrir las necesidades económicas y sociales debido a los fallos del mercado y del propio crecimiento económico, por lo que las políticas sociales deben lograr la eficiencia, la equidad y el desarrollo.
La forma como se manejen las brechas del estado de bienestar, permitirá proteger o abandonar las coberturas de los sistemas de pensiones, e inducirá al tipo de mecanismos de administración del financiamiento; pero la trilogía mercado, familia y Estado solo tendrá cobertura universal si se dan las mínimas garantías en las prestaciones, con fuentes de financiamiento solidario y que sea transparente el acceso a estas prestaciones.
Todo apunta a que la desaparición del estado de bienestar es definitiva en todo el mundo, debido a los factores económicos, dejando el libre juego del mercado a la ley de la oferta y la demanda, donde el papel del Estado será meramente regulador de la economía.
El Estado debe proteger a la vejez que no ha podido autofinanciar sus prestaciones jubilatorias debido a las reformas realizadas por el uso excesivo en los sistemas contributivos, su alto costo y el haber restado recursos al Estado para aliviar la pobreza en la vejez.
En este contexto, ¿qué significa que al trabajador se le "obligue a un ahorro forzoso? En primer lugar, ello significaría una disminución aún mayor de su capacidad de consumo inmediato. ¿Cómo resolverá sus necesidades individuales y familiares de educación, vivienda, salud, etcétera, si estas siguen la línea de la privatización?
El sistema de reparto y de capitalización a nivel mundial
Ruiz (2008), señala que los sistemas de capitalización individual, dependen mucho de los factores económicos externos, los cuales son muy difíciles de prever o controlar; los sistemas financieros de los países son susceptibles a cambios drásticos, ya que los instrumentos de inversión llegan a ser muy fluctuantes y volátiles dentro del mercado bursátil, por lo que las crisis de los sistemas pensionarios de capitalización de todo el mundo atraviesan por una grave crisis de confianza, ya que no garantizan rendimientos ni comparten los riesgos de las inversiones bursátiles.
Según el autor, para los académicos el modelo de capitalización individual es un indicio claro de privatizar el servicio público de la seguridad social, ya que es un asunto público en manos privadas que buscan solamente el lucro por parte de los grupos financieros. La característica fundamental del sistema de reparto es que se basaba en una administración centralizada y de beneficio predefinido, dado que en la ley se establecía el monto de la pensión mediante un fondo colectivo que cubría la pensión al final de la vida activa del trabajador.
Brown (2008), menciona que los que defienden el sistema de capitalización individual, argumentan que dichos sistemas son más estables que los sistemas de reparto, pero cuestiona sobre este punto, refiriendo a qué es más estable: los tipos de interés o las tasas de fecundidad. La financiación por reparto depende en gran medida del coeficiente demográfico, mientras que el sistema de plena capitalización depende en gran medida de la tasa de rentabilidad de los activos invertidos.
En un régimen de reparto, los trabajadores activos son cotizantes donde sus aportaciones financian a los trabajadores pensionados; de tal manera que la relación de dependencia entre el número de activos y de pensionados es crucial para la viabilidad financiera del sistema. El problema en este régimen fue que el envejecimiento demográfico presiona a las finanzas de los regímenes, ante un número creciente de pensionados por cada trabajador activo, debido a la falta de acumulación de reservas durante la fase de operación (Gillion, Turner, Bailey y Latulippe, 2000).
En los sistemas de pensiones de capitalización individual latinoamericanos, se ahorra para el momento de retiro del propio cotizante, pero es necesario que se den condiciones de competencia, de regulación y de desarrollo financiero que difícilmente se cumplen (Kato, 2008). A fin de cuentas, para que un sistema de pensiones de seguridad social sea viable es imprescindible una economía sana y en expansión (Brown, 2008).
La reforma de los sistemas de pensiones en América Latina
En los años noventa, la mayoría de los países de América Latina reformaron sus sistemas de pensiones debido a la falta de cobertura y a las incertidumbres de los sistemas financieros, aunado a la falta de una sana administración del sector público. De ahí que el carácter de las políticas públicas es exteriorizar este cambio, en la manera de visualizar el deber que tiene el Estado en responder satisfactoriamente a las demandas de una población que se encuentra en constante crecimiento y diversificación.
El proyecto neoliberal ha tratado de desplazar la acción reguladora del Estado mediante un enfoque responsable, donde recupere los principios funcionales del mercado, a fin de garantizar un manejo racional de los recursos y un mejoramiento en los niveles de bienestar general.
Otro factor importante fue el cambio demográfico, y el aumento de la expectativa de vida asociado a un doble efecto sobre el sistema de pensiones: un incremento tanto del número absoluto de personas, como del número de años durante los cuales reciben una pensión (Ruiz, 2009).
Mesa-Lago (2004) señala que en la época de los años ochenta se empezó a reformar los sistemas tradicionales de protección contra el riesgo de vejez, invalidez y muerte, debido a la inestabilidad macroeconómica, los cambios en el funcionamiento del mercado de trabajo, además de lograr nuevos instrumentos para reducir el creciente déficit de algunos sistemas públicos de seguridad social; por otra parte, se debió a la necesidad de conseguir mayor eficiencia en los instrumentos financieros, asociados a la implantación de sistemas privados de pensiones.
El cambio al sistema privado ha sido más por factores externos que por la bondad del sistema, esto se debe a la carencia de información objetiva que trascienda los fines publicitarios; por lo que para 1981, Chile realizó la primera reforma al sistema de retiro, sustituyendo el sistema de reparto por el de capitalización individual, dando menor importancia al concepto de seguridad social y con él, al de solidaridad intergeneracional.
En la actualidad, el trabajador se convierte en un cliente de las instituciones financieras privadas, quienes administran sus recursos a lo largo de su vida laboral, cobrando una comisión por ese manejo, e invirtiendo esos fondos acumulados en el mercado financiero (Mesa Lago, 2007).
Ni con estas reformas ni con el sistema de reparto pueden corregirse las deficiencias, ya que provienen de la aplicación de políticas que no toman en cuenta la realidad latinoamericana (Rodríguez, 2002).
Metodología
Aplicación del diseño de investigación
El diseño de investigación aplicado en este estudio se dio a través de un estudio transversal (medido en un solo tiempo) y un estudio correlacional (por relacionar variables de estudio en una sola medida de tiempo), con la finalidad de obtener parámetros y percepciones respecto al neoliberalismo y las políticas públicas en seguridad social. El análisis, la evaluación y la proyección de los resultados fueron medidos a través del programa SPSS. Los datos, resultados, detalles y conclusiones obtenidos se describen a continuación, a través de las medidas de tendencia central y porcentajes.
Objetivo de la investigación
Instrumento
Se elaboró un cuestionario constituido de 3 apartados con 24 reactivos:
• El primer apartado referente a las variables socioeconómicas, constó de 5 reactivos; 2 en forma dicotómica (género y ocupación) y 3 en escala de Likert (edad; estado civil y nivel de estudios).
• El segundo apartado en referencia a las políticas públicas sociales y financieras constó de 11 reactivos, cuya opción de respuestas fueron todas en escala de Likert.
• El tercer apartado se relaciona con la variable ahorro-crédito, donde se aplicaron 6 reactivos, cuya opción de respuestas fue en escala de Likert.
Muestra
El estudio consistió en la aplicación de un total de 600 encuestas distribuidas en el área metropolitana de la ciudad de Monterrey, en un nicho de personas de 18 años en adelante; asimismo, la distribución específica del total de encuestas se eligió para la mencionada ciudad.
Características de la muestra
Dentro del primer apartado de este estudio y con relación al perfil demográfico de los clientes encuestados, 10 % de ellos se establecieron dentro de un rango de 18 a 25 años aproximadamente; 41 % se ubicó entre los 26 y 33 años; 35 % entre 34 a 41 años; 14 % de los encuestados se situó dentro del rango de 42 a 49 años. Dentro de este perfil, 55 % eran del género masculino y 45 % del género femenino. Los porcentajes obtenidos de acuerdo al nivel de educación en orden descendente fueron los siguientes: 5.6 % primaria; 11.3 % secundaria; 42 % preparatoria, 33.1 % universidad y 8 % sin estudios.
Resultados
El gráfico 1 analiza la variable relacionada con las políticas públicas sociales y financieras: ¿qué tan de acuerdo está el encuestado sobre el logro por parte del gobierno en políticas públicas en seguridad social con referencia a mantenerse con el ingreso que tendrá al momento de su jubilación?
Gráfico1. Políticas públicas en seguridad social
Fuente: elaboración propia.
El gráfico 1 señala que la mayoría de los encuestados sienten que las políticas en seguridad social con respecto a obtener una pensión que les ayude a subsistir no se ha logrado, por lo que existe mucho descontento con el gobierno en este sentido.
En relación a la pregunta sobre si existe una política pública que otorgue estabilidad financiera dentro de la seguridad social en el ramo de las pensiones, el gráfico 2 señala:
Gráfico 2. Políticas públicas en seguridad social.
Fuente: elaboración propia.
El gráfico 2, señala que no existe una estabilidad financiera en las pensiones dentro del ámbito de la seguridad social; solo unos pocos encuestados no tienen una opinión a favor ni en contra sobre las políticas públicas financieras en seguridad social.
Con respecto a si el gobierno ha logrado obtener mayores recursos mediante las políticas públicas implementadas dentro del ramo de la seguridad social, el gráfico 3 señala:
Gráfico 3. Políticas públicas en seguridad social.
Fuente: elaboración propia.
Según el gráfico anterior, la mitad del total de los encuestados señala que sí existen recursos por parte del gobierno hacia la seguridad social debido a que dan por hecho el seguro popular (aunque este no se menciona dentro de esta investigación); mientras que la otra mitad está dividida, ya que algunos piensan que no se han dado recursos a la seguridad social, y el resto señala que no están de acuerdo en que se dieron recursos, pero que tampoco están en desacuerdo.
Por otra parte, el gráfico 4 muestra los resultados obtenidos de los encuestados en relación al salario mínimo:
Gráfico 4. Políticas públicas en seguridad social.
Fuente: elaboración propia.
De acuerdo al gráfico anterior, el total de la población encuestada piensa que las políticas actuales en el ramo de la seguridad social no han logrado elevar el salario mínimo del trabajador y así obtener una mejor pensión al momento de jubilarse.
Se preguntó a los encuestados sobre su manera de pensar acerca de la política antiinflacionaria dentro del sistema de seguridad social; las respuestas obtenidas se muestran en el gráfico 5.
Gráfico 5. La inflación en las pensiones moneda
Fuente: elaboración propia.
Los resultados del gráfico 5 muestran que existe un total desacuerdo por parte de los encuestados en que el salario mínimo está protegido conforme al aumento que se da cada año en los precios.
Si al gráfico anterior se le añade que dentro del actual sistema de pensión el trabajador debe ahorrar para su futuro y, según los datos de las gráficas anteriores, se expone que no existe un aumento en el salario mínimo, este no está protegido contra la inflación y sigue existiendo la evasión fiscal por parte de las empresas, entonces será más difícil que el trabajador pueda ahorrar para su jubilación (gráfico 6).
Gráfico 6. Sistema de pensión y el ahorro privado
Fuente: elaboración propia.
En relación a la pregunta realizada a los encuestados sobre si están de acuerdo en que el gobierno deba ser el principal proveedor de las pensiones y no una administradora privada (Afore), los resultados fueron los siguientes:
Gráfico 7. Gobierno: proveedor de la seguridad social
Fuente: elaboración propia.
El gráfico 7 señala que solo una cuarta parte de los encuestados contestaron que no están seguros de que el gobierno deba ser el principal proveedor de las pensiones, mientras que la mayor parte de los encuestados señalan que es responsabilidad del gobierno y no de la administración privada el otorgar seguridad social a sus ciudadanos, además de incentivar el empleo y mejorar la pensión mínima.
El neoliberalismo se caracteriza por lograr una apertura comercial y financiera en todos los órdenes, a través de instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI); por tanto, el siguiente gráfico hace referencia a la falta de autonomía del gobierno con instituciones como el FMI, creando una dependencia estructural arreglada a optar por alternativas que están muy lejos de constituir una respuesta a las necesidades propias de ajuste, modernización y bienestar social.
Gráfico 8. ¿Está de acuerdo en que el creciente endeudamiento
externo de la mayoría de los países de América Latina, obligó
a que estos destinaran grandes recursos al pago de su deuda, eliminando recursos a la seguridad social?
Fuente: elaboración propia.
De acuerdo al gráfico anterior, casi la mitad de los encuestados desconocen el crecimiento de la deuda externa de los países latinoamericanos, pero lo sobresaliente es que la otra mitad de los encuestados se fueron a los extremos ya que una mitad está en total desacuerdo que no se destinen recursos a la seguridad social, mientras que la otra mitad opina que se han eliminado dichos recursos a la seguridad social para poder pagar la deuda externa.
Con respecto a la variable ahorro, las mayoría de los encuestados piensan que no existe una cultura de ahorro para el retiro, así como tampoco medios de comunicación que creen conciencia sobre este problema (gráfico 9).
Gráfico 9. Conciencia en el mexicano sobre su retiro
Fuente: elaboración propia.
Por último, se puntualizó sobre si el trabajador se convierte en la actualidad en un cliente de las instituciones financieras privadas, quienes administran sus recursos a lo largo de su vida laboral cobrando una comisión por ese manejo e invirtiendo esos fondos acumulados en el mercado financiero para otorgarle rendimientos para el momento de su retiro (gráfico 10).
Gráfico 10. Rentabilidad del sistema actual de pensión en la cuenta del trabajador
Fuente: elaboración propia.
El gráfico 10 muestra un equilibrio entre las respuestas de los encuestados, concluyendo que una cuarta parte sí tiene conocimiento de que está recibiendo rendimientos en su cuenta individual. Por otra parte, una mayoría piensa que las instituciones financieras conocidas como Afore, cobran una comisión alta por sus servicios, por lo que el trabajador se convierte en un cliente de dichas instituciones.
Conclusión
Sobre la variable acerca de las políticas públicas sociales, el estudio muestra que aún no se ha logrado elevar el nivel de protección en la seguridad social dentro del ramo de las pensiones, debido a que la política económica y social no ha logrado eliminar la informalidad en el ámbito laboral. Por otra parte la seguridad social demanda recursos de los sectores públicos para que se logren las garantías mínimas de un estado de bienestar; para lograr esto se requieren políticas fiscales y económicas y de inclusión laboral. Por lo tanto, el desafío de la política pública será la de ampliar la cobertura y lograr niveles de pensiones adecuados que permitan mantener niveles de consumo y evitar la pobreza durante la vejez.
Existe actualmente un buen control en la política antiinflacionaria, conservándola en un dígito, pero como se mencionó anteriormente, esto no ha logrado mayores recursos a las pensiones, además de que los salarios de los trabajadores no son lo suficientemente fuertes para que el trabajador logre un ahorro para su jubilación.
El sistema neoliberal busca que se logre una mayor apertura fiscal y comercial, y la acumulación de los recursos monetarios del sistema pensionario se invierte dentro del mercado bursátil para obtener mayores ganancias para las administradoras privadas, más que aumentar la cuenta individual de ahorro del trabajador.
Bibliografía
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